Autor: José Delgado González, psicólogo, ambientólogo, docente y escritor.
Ingeniería social y el arte de fabricar culpables
Desde que el ser humano comenzó a organizarse en sociedades complejas, las élites dirigentes han comprendido que el poder no se mantiene solo mediante la fuerza, sino a través de la gestión del pensamiento. Lo que hoy vemos en el mercado inmobiliario —la demonización de una clase social para ocultar el fracaso estatal— no es un fenómeno nuevo, sino la aplicación perfeccionada de técnicas de ingeniería social desarrolladas a lo largo de los últimos tres siglos.
Ya en el siglo XVIII, pensadores como Jean-Jacques Rousseau en su Discurso sobre el origen de la desigualdad sentaron las bases para cuestionar la propiedad privada, no siempre desde una lógica económica, sino como una herramienta emocional para movilizar el resentimiento. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando la manipulación se profesionalizó. Gustave Le Bon, en su obra fundamental Psicología de las masas (1895), advirtió cómo las multitudes no razonan, sino que sienten. Según Le Bon, para dirigir a una masa basta con presentarle un enemigo claro y un eslogan sencillo; la verdad importa menos que la intensidad de la creencia.
En el siglo XX, esta capacidad de moldear la realidad alcanzó su cenit con Edward Bernays, sobrino de Freud y padre de las Relaciones Públicas. En su libro Propaganda (1928), Bernays explicó que "la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática". Para las clases dirigentes, "fabricar el consentimiento" es esencial: si el Estado fracasa en proveer vivienda, la técnica dicta que debe redirigir esa frustración hacia un tercero —el propietario, el "rentista"— para que la masa exija, voluntariamente, las medidas que el poder desea implementar.
Esta trayectoria histórica nos lleva al presente. El uso de términos como "explotadores" o "parásitos" para referirse a ahorradores particulares es una táctica de deshumanización del adversario, técnica descrita por Noam Chomsky en sus análisis sobre el control mediático. Al despojar al propietario de su condición de trabajador ahorrador y revestirlo de villano social, el Estado prepara el terreno psicológico para la aceptación de medidas excepcionales.
Hoy, la ingeniería social busca que el ciudadano no vea la expropiación como un robo a la clase media, sino como un acto de justicia poética. Se utiliza la envidia como motor político y el miedo como herramienta de control. El siguiente artículo analiza cómo, bajo este marco de manipulación histórica, se está construyendo un relato falso para justificar la apropiación de la soberanía individual y el ahorro de las familias españolas.
El espejismo del culpable: Por qué señalar al propietario no solucionará el problema de la vivienda
En el debate público actual sobre la vivienda en España, ha ganado terreno una narrativa tan seductora como peligrosa: la que divide a la sociedad entre "inquilinos explotados" y "propietarios parásitos". Este enfoque, a menudo impulsado desde sectores académicos y políticos, simplifica un problema estructural complejo hasta convertirlo en una caricatura moral. Sin embargo, cuando se analiza el mercado inmobiliario con frialdad, los argumentos emocionales se desploman ante la realidad de los datos.
El ahorro no es explotación, es previsión
Uno de los argumentos más repetidos es que quien alquila una propiedad vive del "trabajo ajeno". Esta premisa ignora una verdad fundamental: para que exista una vivienda en alquiler, alguien tuvo que trabajar, ahorrar y arriesgar su capital previamente. En España, la gran mayoría de las viviendas arrendadas pertenecen a pequeños ahorradores, personas de clase media que han visto en el ladrillo una forma de protegerse ante la inflación o la incertidumbre de las pensiones públicas.
Llamar "explotación" al alquiler es tan absurdo como llamar "explotación" a que un agricultor venda su cosecha. El propietario ofrece un servicio esencial —el acceso a un hogar sin necesidad de una deuda hipotecaria previa— a cambio de una rentabilidad por un activo que él mantiene y por el que paga impuestos.
El Estado y la estrategia del "chivo expiatorio"
¿Por qué, entonces, se insiste en criminalizar al propietario? La respuesta es política, no económica. Durante décadas, las administraciones públicas han fallado en su deber constitucional de promover un parque de vivienda pública eficiente.
Mientras que la media europea de vivienda social ronda el 9%, en España apenas alcanzamos el 2%.
Ante esta negligencia, el Estado ha encontrado en el pequeño propietario y en el inversor el "chivo expiatorio" perfecto. Al señalarlos como los culpables de la subida de precios, la Administración desvía la atención de su propia inacción: ni se construye suficiente vivienda protegida, ni se agilizan las licencias, ni se ofrece seguridad jurídica. Es mucho más sencillo —y electoralmente rentable— culpar al "rentista" que admitir que el sistema público ha fracasado en la gestión del suelo.
El peligro de la inseguridad jurídica: ¿Hacia una expropiación encubierta?
Esta narrativa de culpabilización no es inocua; sirve de base para leyes que erosionan el derecho a la propiedad privada. Cuando se dificultan los desahucios por impago o se imponen topes de precios que no tienen en cuenta los gastos de mantenimiento, se está produciendo una suerte de "expropiación blanda". El Estado traslada su responsabilidad de protección social al ciudadano particular, obligando al propietario a asumir el coste de la vulnerabilidad de otros.
El temor de muchos analistas es que este camino desemboque en medidas aún más drásticas. Bajo el paraguas del "bien social", se están normalizando discursos que rozan la intervención total. Si se convence a la opinión pública de que tener una segunda vivienda es un acto insolidario, el terreno queda abonado para políticas confiscatorias o expropiaciones que atentarían directamente contra el ahorro de millones de familias españolas.
La verdadera solución: Más oferta y menos etiquetas
Criminalizar la inversión inmobiliaria solo produce un resultado: menos pisos en el mercado. Cuando el propietario siente miedo, retira su vivienda del alquiler o la vende, lo que reduce la oferta y, por ley básica de economía, dispara los precios para quienes más necesitan arrendar.
La solución al problema de la vivienda no vendrá de la mano de la persecución al ahorrador, sino de la creación de un entorno seguro que incentive la salida de inmuebles al mercado. Necesitamos menos retórica de "buenos y malos" y más políticas que fomenten la construcción, protejan la propiedad y asuman que el Estado debe construir casas, no señalar con el dedo a quienes ya las tienen.
Tratar de solucionar la crisis habitacional atacando a la propiedad privada es como intentar curar una enfermedad atacando al médico: solo conseguiremos que no quede nadie para ofrecer el servicio que la sociedad necesita.
La Ley de Vivienda y la "Estrategia de la Distracción" de Chomsky
Si aplicamos las teorías de Noam Chomsky sobre la manipulación mediática a la realidad española, observamos que la actual Ley de Vivienda no es solo un instrumento jurídico, sino una herramienta de ingeniería social. Chomsky describe la "Estrategia de la Distracción" como el elemento primordial del control social: desviar la atención del público de los problemas importantes mediante la inundación de mensajes insignificantes o falsos culpables.
En este contexto, la legislación y el discurso oficial operan bajo tres ejes de manipulación técnica:
* Crear problemas y después ofrecer soluciones:
El Estado ha permitido la asfixia del mercado mediante la nula inversión en vivienda pública y la hiperregulación del suelo. Una vez creado el "problema" (precios altos), ofrece la "solución" (intervencionismo y control de precios), presentándose como el salvador de una crisis que él mismo ha provocado.
* La estrategia de la gradualidad:
Para que el público acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente. Primero se introdujeron recargos en el IBI, luego se limitaron los precios en "zonas tensionadas" y ahora se dificultan los desalojos. El objetivo final —la pérdida de control total sobre la propiedad privada— se introduce paso a paso para no generar una rebelión inmediata.
* Dirigirse al público como a niños de poca edad:
El uso de términos como "vivienda para la gente" frente a "especuladores" apela a una emocionalidad infantil. Se evita el debate técnico (impuestos, costes de construcción, seguridad jurídica) para centrarse en un relato de buenos contra malos, simplificando la economía hasta convertirla en un cuento moral.
El desplazamiento de la responsabilidad
Al definir legalmente al "gran tenedor" (o incluso al pequeño ahorrador) como el responsable de garantizar el derecho a la vivienda, el Estado está realizando un traspaso de cargas públicas al sector privado. Es un movimiento magistral de prestidigitación: la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar el acceso a la vivienda, pero la ley traslada esa obligación al ciudadano que tiene una propiedad, convirtiendo el ahorro privado en un "seguro social" gratuito para la administración.
Este desplazamiento no solo busca evitar el coste político de la mala gestión, sino que prepara el terreno para la aceptación de la apropiación. Si el ciudadano llega a creer que su vecino con dos casas es el responsable de que él no pueda independizarse, no solo no se opondrá a la expropiación o intervención de ese bien, sino que la jaleará.
Conclusión final: Recuperar el juicio crítico
Desmontar las falacias de quienes pretenden colectivizar el esfuerzo individual exige, ante todo, identificar las herramientas de manipulación con las que nos bombardean. El problema de la vivienda en España no es la existencia de propietarios, sino la existencia de una clase dirigente que prefiere sacrificar la seguridad jurídica y el ahorro de las familias antes que admitir su propia incompetencia.
La verdadera libertad no reside solo en tener un techo, sino en vivir en una sociedad donde el fruto del trabajo y el ahorro propio esté blindado frente al oportunismo político y la ingeniería social de turno.
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